La Ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (que entró en vigor el 1 de marzo del año 2018), obliga a todas aquellas empresas –tanto pymes, como distribuidores y multinacionales– que quieran ser contratadas por el Estado en proyectos de cierta envergadura a tener un Programa de Integridad adecuado a su composición corporativa.
Dicha ley pena los actos de corrupción de las organizaciones. “Sus penalidades alcanzan no solo a las personas físicas que cometan el acto delictivo, sino que también obliga a las organizaciones, generando una responsabilidad para éstas y aquellos que actúen en su nombre, en su representación, en su interés o por un tercero”, explicó Dr. Diego Di Giorno, Director de Sigma Soluciones.
“La corrupción es un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional que distorsiona la asignación de recursos, socava la legitimidad de las instituciones, erosiona la calidad de vida de los ciudadanos y destruye la confianza pública.”
Dr. Diego Di Giorno, Director de Sigma Soluciones
¿Qué es un Programa de Integridad?
Un Programa de Integridad “debe procurar instalar una identidad corporativa que permita transformar las políticas anticorrupción en principios y normas que guíen el comportamiento de todos los que integran la entidad, sin distinciones jerárquicas”, puntualizó Di Giorno.
“En Sigma Soluciones contamos con especialistas en Compliance para orientar, asesorar, diseñar e implementar programas de integridad y anticorrupción ‘a medid’ de las empresas de IT, brindando las herramientas, estrategias, sesiones de sensibilización y capacitaciones necesarias a los responsables de Cumplimiento, la Alta Dirección y al resto de la organización y socios de negocio”, destacó Di Giorno.
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Email: digiorno@sigma-soluciones.com
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